Sobre el ajuste en el presupuesto a las universidades nacionales

El viernes pasado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmó el dictamen de mayoría para que el Presupuesto Nacional 2021 sea tratado esta semana en la Cámara baja.

Respecto a las partidas destinadas a las Universidades Nacionales, hubo cambios respecto al proyecto original el cual preveía transferencias para las 57 universidades nacionales de $212.772 millones y cuya modificación implicó un incrementó a $215.302 millones. Esta variación de $2.300 millones, será repartido en 17 Universidades Nacionales (excluyendo a las otras 40) sin ningún criterio relacionado con cantidad de docentes y/o estudiantes de esas universidades, y sin haber salido de ningún tipo de acuerdo o estrategia relacionada con el funcionamiento del sistema universitario nacional. Es difícil encontrar otro criterio para la distribución de estos fondos extraordinarios que no sea la discrecionalidad de algunos funcionarios que ocupan cargos en el ministerio de educación. Las Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Mar del Plata, por ejemplo, reciben de aumento  $ 300 millones y $ 350 millones, respectivamente, y la UTN, la cuarta universidad más grande del sistema público recibe $ 230 millones. En este sentido, no casualmente, la Universidad de Hurlingham de la cual proviene el secretario de políticas universitarias recibe 130 millones de pesos.

Esto se produce en el contexto de un fortísimo ajuste presupuestario sobre las universidades públicas del país. Según el informe número 8 del Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario de ADIUC, el presupuesto universitario vigente retrocede un 7% en relación con el año anterior (en términos reales, es decir, descontada la inflación esperada), acumulando una caída del 23,8% desde 2015. Mientras que el presupuesto universitario para el 2021 prevé una caída de 12% en términos reales respecto al 2020.

Es cierto que estamos en un año complejo por la pandemia, pero es importante tener en cuenta que no hay ningún tipo de restricción recaudatoria que explique semejante ajuste presupuestario. Por un lado, podemos ver que ya desde septiembre la recaudación ha empezado a crecer por encima de la inflación en términos interanuales. De hecho, el presupuesto 2021 estima un crecimiento nominal de la recaudación superior al 40% y un aumento nominal en el presupuesto universitario que apenas supera el 10%. Por otro lado, es interesante observar que la Provincia de Buenos Aires, que no emite moneda, que ha sufrido una caída en su recaudación que es igual o peor que la que ha sufrido la Nación, y que tiene un peso de los salarios como parte de su presupuesto muy superior al del Gobierno Nacional, ha aumentado en el segundo semestre de 2020 los salarios en un 15% (tanto de los empleados públicos en general, como de los docentes en particular); es decir, el doble de lo que lo ha hecho el Estado Nacional.

En resumidas cuentas, no hay restricción presupuestaria que justifique semejante ajuste. Y, por si esto fuera poco, nos venimos a enterar ahora que, entre gallos y medianoches, un reducido número de funcionarios que funcionan mal ha decidido aumentar discrecionalmente los presupuestos para un grupo de universidades “propias”, sin ningún tipo de criterio. Creemos que esta última noticia es una especie de “gota que rebasa el vaso” y nos obliga a todos/as a salir a dar la discusión pública, desde los lugares que tengamos (de gestión, sindical, etc), sobre el rol que va a tener la universidad pública en este proyecto político que hemos ayudado a construir.