Repudio a la modificación del artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo y del artículo 24° de la Ley N.º 25.877

La Asociación de Docentes e Investigadores/as de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ADIUNGS) expresa su más enérgico repudio a dos recientes medidas que representan un grave retroceso en materia de derechos sociales, educativos y laborales:

1. La modificación del artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo elimina la participación del Estado Nacional —a través de la Secretaría de Educación de la Nación— de la negociación del salario mínimo docente. Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad. Además, el decreto reserva el poder de veto a los acuerdos que se puedan alcanzar por razones presupuestarias. De este modo, el Estado Nacional se retira como garante de un derecho, pero permanece para poner un techo a los salarios. Es importante recordar que la garantía salarial de la docencia universitaria estaba articulada al salario nacional docente. Y que una medida de este tipo representa un grave antecedente para quienes negociamos salarios con el Estado Nacional.

2. La sustitución del artículo 24° de la Ley N.º 25.877 a través del artículo 3° del Decreto 340/2025 limita gravemente el ejercicio del derecho de huelga y la negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales, modificando por decreto las actividades esenciales y encuadrando en esta definición casi todo el hacer humano, por fuera de los lineamientos de la OIT. En nuestro ámbito afecta  a la docencia del nivel obligatorio, lo que restringe directamente el derecho de nuestros compañeros y compañeras de la Escuela Secundaria.

Esta modificación vulnera derechos constitucionales de trabajadoras y trabajadores, y busca disciplinar y debilitar la capacidad de organización sindical en un contexto de ajuste y recorte de derechos.

Ambas medidas forman parte de una avanzada regresiva que atenta contra conquistas históricas del pueblo trabajador argentino. Como docentes comprometidos con el conocimiento público, la democracia y la justicia social, rechazamos firmemente estas decisiones y nos solidarizamos con todas las expresiones de lucha en defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores.