Frente a los discursos de odio y estigmatización, más universidad pública, más democracia

Desde la Comisión Directiva de ADIUNGS expresamos nuestro más enérgico repudio a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien volvió a recurrir a un discurso de estigmatización y violencia política al referirse a estudiantes y docentes universitarios como supuestos “terroristas disfrazados”. Expresiones de esta naturaleza, pronunciadas desde la máxima autoridad del Estado, no sólo degradan el debate democrático, sino que buscan instalar un clima de confrontación permanente, deslegitimando a quienes piensan distinto, se organizan y ejercen el derecho a reclamar.

Como docentes universitarios sabemos que la universidad pública constituye un espacio de producción de conocimiento, pensamiento crítico, pluralismo y convivencia democrática. La historia argentina nos enseña que la utilización de categorías asociadas al terrorismo para descalificar adversarios políticos o sectores sociales resulta especialmente grave y contribuye a naturalizar prácticas incompatibles con el Estado de derecho.

Estas declaraciones no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de una estrategia orientada a desacreditar a las organizaciones sindicales, a las universidades públicas y a todos aquellos actores que denuncian el profundo ajuste que atraviesa el sistema universitario nacional.

Mientras el Gobierno nacional elige profundizar la confrontación, continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, es decir, una ley vigente cuya aplicación ha sido respaldada por la Justicia y cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y la recuperación de los salarios docentes y nodocentes a diciembre de 2023. La negativa del Poder Ejecutivo a cumplir la ley constituye un grave antecedente institucional y pone en riesgo el derecho social a la educación superior.

Desde ADIUNGS reafirmamos que la defensa de la universidad pública es inseparable de la defensa de la democracia. No aceptaremos que se intente criminalizar el pensamiento crítico, la organización colectiva ni la protesta social. Las universidades nacionales no son enemigas de la sociedad: son una de las principales herramientas para construir un país con mayor igualdad, desarrollo, soberanía y justicia social.

Exigimos al Gobierno nacional el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el cese de los discursos que promueven el odio y la estigmatización, y el respeto irrestricto por las instituciones democráticas, la autonomía universitaria y los derechos de toda la comunidad educativa.

Porque defender la universidad pública es defender la democracia. Y porque no hay desarrollo posible para la Argentina sin educación pública, ciencia, investigación y trabajo docente dignamente reconocido.